CORRUPCIÓN JUDICIAL

 

El presente trabajo tiene como fin examinar cómo, por qué y en qué etapas la corrupción puede dañar a los procesos judiciales. Asimismo, reflejar posibles formas de remediar sistemas corruptos. Está enfocado en jueces y cortes, situándolos dentro de un sistema de justicia amplio y explorando el impacto que la corrupción judicial tiene sobre los derechos humanos, el desarrollo económico y la gobernabilidad.

Se analizan dos problemas: la interferencia política que pone presión sobre los jueces para que éstos acaten a favor de sus intereses políticos y económicos, y la corrupción administrativa que involucra a personal de la corte. El resultado es un análisis de cómo la independencia y la rendición de cuentas del poder judicial pueden ser abordadas para combatir la corrupción en el sistema judicial.

Generar conciencia sobre las consecuencias negativas de la corrupción, y trabajar para desarrollar e implementar medidas efectivas para combatir este problema.

La lucha contra la corrupción depende del sistema de justicia. Dentro del creciente arsenal anticorrupción figuran nuevas leyes nacionales e internacionales encaminadas a abatir este mal. Éstas dependen de sistemas judiciales imparciales y justos para su cumplimiento. Donde se manifieste la corrupción judicial, el perjuicio puede ser de gran alcance y sumamente difícil de revertir. La corrupción judicial menoscaba la moral de los ciudadanos, vulnera sus derechos humanos, mina sus perspectivas laborales y el desarrollo nacional, y deteriora la calidad del gobierno. Un gobierno que opere representando a todos sus ciudadanos requiere no sólo del Estado de derecho, sino también de una judicatura independiente y efectiva a fin de hacer cumplir la ley en beneficio de todas las partes.

Los profesionales que conforman el sistema judicial pueden emplear sus habilidades, conocimientos e influencia para privilegiar la verdad y beneficiar al público en general, y la gran mayoría hace justamente eso. Pero también pueden abusar de estas cualidades, usándolas para enriquecerse o promover sus carreras y poder. Por alguna razón, e independientemente de que sea a pequeña o gran escala, la corrupción en la judicatura garantiza que el acto corrupto permanezca al margen de la ley en cualquier esfera de actividad gubernamental o económica en que se haya instalado. De hecho, sin una judicatura independiente, la corrupción pasa a ser el nuevo “Estado de derecho”.

Existen muchos factores que mitigan la corrupción y muchas medidas para garantizar que los profesionales judiciales no se involucren en ella. Entre ellos: mecanismos de rendición de cuentas que mejoran la probabilidad de que la corrupción judicial sea detectada y sancionada; salvaguardas contra la interferencia de los círculos políticos, empresariales y del crimen organizado; procesos transparentes que facilitan a los medios, a la sociedad civil y al público la vigilancia de sus propios sistemas judiciales; y condiciones laborales dignas para el personal de la corte.

El juez, en un sistema democrático, es el punto de referencia por cuanto de sus decisiones van a depender la credibilidad y eficacia de los controles diseñados o va a determinar la necesidad de ellos. Por eso, cuando la corrupción se despliega en el sector judicial es mucho más perniciosa. Reforzar los mecanismos de independencia, de preparación científica y de protección económica y personal de los jueces, resulta básico, pero también lo es exigir su responsabilidad por su omisión.

Es decir, debemos contar con un poder judicial fuerte, independiente, inamovible, científicamente solvente y con rigurosas normas de calidad internas y externas. Con ello tendremos grandes posibilidades de que jueces y fiscales sancionen los comportamientos de corrupción, incluidos los propios, sin duda ni vacilación, ausentes de corporativismo, sin hallarse mediatizados por el poder político o constreñidos por los medios, ni sobornados por el poder de las entidades económico-financieras, y sin temor a ser censurados o sancionados por el propio órgano de gobierno de los jueces.

Esta tendencia puede y debe erradicarse mediante la introducción de un sistema definido y objetivo de selección, de evaluación científica continuada, retribuciones adecuadas, inamovilidad, sistema de incompatibilidades riguroso, sistema de responsabilidades civiles, penales y disciplinarias, así como un sistema de control y evaluación externo de la oficina judicial que garantice la pureza y agilidad de los procedimientos, el rendimiento de los funcionarios, la evaluación de los retrasos, la especialización de los investigadores y la adscripción de unidades técnicas de apoyo necesarias.

Junto a ello, la acción de un ministerio fiscal especializado, independiente e integrado en el poder judicial, que dirija la investigación, hará más creíble un sistema en que la lucha contra la corrupción no sólo es labor de jueces o fiscales, cuya acción firme y decidida marcará el camino para los demás actores y hará despertar a la sociedad de su letargo.

Existe un enorme reto para el movimiento anticorrupción: garantizar que las leyes a tal efecto sean aplicadas y que el resarcimiento legal por injusticia pueda ser asegurado a través de un buen sistema judicial. La incapacidad de los jueces y de la judicatura en general a abordar estas expectativas legítimas genera un semillero para la corrupción. En tales ambientes hasta las mejores leyes anticorrupción son inválidas.

Se ha calificado a la corrupción judicial como un problema central en México, argumentando que los magistrados y judicaturas volubles debilitan las mismas iniciativas anticorrupción que supuestamente deben ejecutar, y por ende, menoscaban el Estado de derecho.

Parte de este libro se dedica a examinar cómo los magistrados y el personal de la corte se vuelven corruptos.

Un segundo tema hilvanado en el libro es la corrupción judicial que afecta al ciudadano común en todo el mundo.

Trata principalmente sobre los jueces y el personal de la corte que participan en el proceso de administración de la ley. Pero el sistema de justicia no se limita a ellos: policías, abogados y fiscales están involucrados en los casos antes de siquiera pisar el juzgado; y los alguaciles o dependencias similares dentro del sistema de tribunales a menudo son los responsables de aplicar las decisiones judiciales una vez que se ha cerrado el caso. La corrupción en cualquier punto a lo largo de esa potencialmente larga línea de encuentros con el funcionariado judicial puede distorsionar por completo el curso de la justicia. El sistema de justicia también es parte de la sociedad: la realidad es que el grado general de corrupción en una sociedad guarda una estrecha relación con el nivel de corrupción judicial. Esto parece apoyar la opinión de que una judicatura transparente es un elemento central en la lucha contra la corrupción; pero también puede sugerir que la calidad de la judicatura y la propensión de sus miembros a usar su cargo para su propio beneficio refleja la postura social hacia la corrupción de manera más amplia.

Para aquellos activistas y profesionales que trabajan en un sentido más amplio por contrarrestar la corrupción, el libro puede leerse como una guía para el análisis de la corrupción judicial a escala nacional y como fuente de inspiración para las reformas.

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